viernes, 28 de septiembre de 2012

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

La plataforma formada por los sindicatos del sector publico propone ahorrar más de 60.000 millones con medidas que no suponen empeorar los servicios públicos ni las condiciones laborales de sus trabajadores.

CSI·F informa:
La plataforma unitaria de sindicatos del sector público, del que forma parte CSI·F como sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha elaborado un manifiesto donde explica la importante labor que realizan los empleados públicos y plantea una serie de medidas que permiten ahorrar más de 60.000 millones sin empeorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores.

"La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos", pero "estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.


    MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Como señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados públicos estamos convencidos de que la
crisis económica en la que España está sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de
manera deficiente por los sucesivos responsables políticos.   
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en
el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los
empleados públicos, y viene acompañada de una campaña de descrédito de la labor que realizan en
todos los ámbitos de la administración.
Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los
colectivos de la función pública, señalamos lo siguiente:  
1. Los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios
que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad las decisiones
políticas y legislativas. Cuestionar el papel de los empleados públicos desacredita a servicios
públicos esenciales para la sociedad como los que se realizan en la educación, la sanidad, la
seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2. Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal
cualificado. Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo después de
demostrar ampliamente su cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3. Los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio insustituible como garantes de la
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los
lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una
sencilla cuestión de rentabilidad económica.  
4. La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la
independencia del empleado público ante la ejecución de las diversas políticas y asegura la
calidad y permanencia de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.  
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que
excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los
principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema
tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público,
que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni
afectar negativamente a los empleados públicos.Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la
contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en que se
encuentra, y observando que no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se
centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando a la
solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:  
 La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha
contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la
AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores
con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los
países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de
38.500 millones de euros.
 La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las
grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de
cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también
el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones
adicionales.
 La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las
transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno
a los cinco mil millones de euros en España.
 La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las
vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para
2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
 La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro en
el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para
establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su
capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones
anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a hacer
recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a nuestro país a la situación de déficit,
paro y deuda pública en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben
las declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a través de sus empleados públicos
ni  sobre el rendimiento profesional de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y
no aportar soluciones.
Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes de este manifiesto, conscientes de
que no se puede devaluar la importancia de la función pública ni del servicio que presta al conjunto de
los ciudadanos, exigimos a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los
empleados y servicios públicos.

Con el pib


Sumergidos en el pib


lunes, 24 de septiembre de 2012

La razón de la enfermedad de España


El diagnóstico de Alemania: “La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción”

Reunión de presidentes autonómicos.
Reunión de presidentes autonómicos.
Stefanie Claudia Müller.-El 6 de septiembre se encontraron en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde hablaron sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas. España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas.
Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado. Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.
Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país.
Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad. Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE?
Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas. Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar.
Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales. La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna.
En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia. Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal. El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España.
En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se está gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada. Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Corresponsal alemana en Madrid y economista.

martes, 18 de septiembre de 2012

El Estado de malestar


La destrucción del Estado de bienestar conducirá a la entronización de un Estado de malestar de siniestros perfiles
Lo que estamos viviendo en el contexto de la crisis, en España y en el mundo, es la transición del Estado de bienestar al Estado de malestar. En la convención republicana de Estados Unidos, que tuvo lugar en Tampa esta semana, se aclamó un programa calcado del presupuesto que presento en el Congreso Paul Ryan, el líder más carismático de la derecha. Recortes presupuestarios a tope en las prestaciones sociales, reducción masiva de impuestos a los más adinerados y a las grandes empresas y mantenimiento de impuestos a los sectores medios y bajos. Así se supone que se reduce el déficit presupuestario (sobre todo por los recortes) y se estimula la inversión (porque se espera que los ricos inviertan con el dinero disponible en contra de la evidencia empírica de los últimos 20 años). Pero, ¿que más da? Ya se encuentran siempre economistas a sueldo para hacer una gráfica que justifique cualquier cosa. Se trata de quien tiene el poder de hacerlo. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, gracias a la ingenuidad de Obama. Y si Romney y Ryan llegan a la Casa Blanca, será el llorar y el crujir de dientes para la castigada sociedad estadounidense, con el apoyo de la mayoría de hombres blancos que son tan racistas como antigobierno por ideología. Lo mas espectacular es el proyecto de liquidación gradual de Medicare, el programa de salud pública de Estados Unidos destinado a los mayores. Puede imaginarse una política mas descarnadamente antisocial que retirar la cobertura de sanidad a los desprotegidos en su jubilación? Era impensable hace un tiempo, pero en tiempos de crisis todo es posible. Incluso el que una crisis financiera generada por los financieros desemboque en salvar a las instituciones financieras y recompensar a sus ejecutivos en salarios e impuestos para, en cambio, penalizar a los mas necesitados quitando elementos esenciales de su protección social.
Pero esto no es, como sabemos, sólo una cuestión de política estadounidense. La estrategia de Merkel y demás dirigentes europeos, con Rajoy jaleando para que salven al país, y a él de paso, no es diferente. Se trata de aprovechar el miedo de los ciudadanos para llegar al poder, hacer creer que hay que elegir entre austeridad y caos, y liquidar, con el apoyo de un empresariado de cortas miras, lo que era la clave de la sociedad europea: el Estado de bienestar
Es ahora o nunca. Hay que dejar de pagar a los parados porque en el fondo son jóvenes vagos sin respeto a la autoridad. A los pacientes porque consumen excesivos fármacos (y ¿cómo si no prosperarían las empresas farmacéuticas?). A los profesores que no se resignan a ser gestores de almacenamiento de niños en lugar de educadores. E incluso a estos funcionarios públicos exaltados como héroes de la sociedad, bomberos, policías y demás agentes de seguridad, malpagados, maltratados y obligados a veces a pegar a quienes con ellos se solidarizan.
Se argumenta que en tiempo de crisis no da para estos lujos. Olvidando que sólo se sale de la crisis con productividad y competitividad, lo cual requiere educación, investigación, servicios públicos eficientes. Las cuentas de la vieja de Rajoy no sirven para una economía moderna. El problema no es gastar más de lo que se ingresa sino gastarlo mal en lugar de invertirlo en recursos humanos y de emprendeduría que puedan acrecentar la economía real y generar más riqueza. Una estupidez recorre Europa: la idea de que el Estado del bienestar es excesivamente caro y además insostenible porque el envejecimiento de la población conlleva menos activos y muchos más dependientes y, además, más caros estos últimos porque no tienen la decencia de morirse cuanto toca. En el fondo se trata del triunfo de una mentalidad en que la vida es para producir y consumir y cuando ya no da más hay que eliminar el desecho o reducirles las prestaciones en consonancia con su irrelevancia. Pues, ¿saben qué? En términos estrictamente técnicos, no es así. El Estado de bienestar es la base de la productividad, además de la solidaridad social. En el libro que publique hace unos años con Pekka Himanen sobre el modelo finlandés mostramos cómo la productividad y competitividad de Finlandia, entre las más altas de Europa y superiores a la teutona, estaban basadas en la calidad del capital humano, de la educación, de las universidades, de la investigación. Y también de la salud publica (sin corpore sano no hay mens sana). De modo que hay un circulo virtuoso: el Estado del bienestar genera capital humano de calidad que genera productividad que permite financiar sobre bases no inflacionistas el Eestado del bienestar. Si se desconectan, se hunden los dos. Porque el tan cacareado desfase entre activos y pasivos olvida que en esa ratio entre el numerador de pasivos y el denominador de activos lo importante no es el número en sí sino cuánta productividad generan los activos para pagar por el costo de sostener a los pasivos. Si además las prestaciones sociales se realizan con un Estado de bienestar dinámico y apoyado en tecnologías de información, se abaratan costos. De modo que es sostenible a condición de generar productividad en la economía y disminuir ineficiencia (que no empleo) en el Estado mediante una modernización organizativa y tecnológica del sector público.
Pero hay algo aún más importante. El Estado de bienestar no fue un regalo de gobiernos o empresas. Resultó en el periodo 1930-1970 (según países) de potentes luchas sociales que consiguieron renegociar las condiciones del reparto de la riqueza. Y como resultado se estableció una paz social que permitió centrarse en producir, consumir, vivir y convivir.
Hoy día se están cuestionando las bases de esta convivencia. Mal cálculo para sus promotores. Porque la destrucción deliberada del Estado de bienestar conducirá a la entronización de un Estado de malestar de siniestros perfiles. Pero esto no acaba así. Nuevos movimientos se están gestando, uniendo indignados y sindicatos. Y de ahí puede surgir un nuevo Estado y un nuevo bienestar.
http://sociologosplebeyos.com/2012/09/14/el-estado-de-malestar-por-manuel-castells/

martes, 11 de septiembre de 2012

Felices garabatos


JEAN ZIEGLER DICE QUE ESPAÑA NO DEBE PAGAR LA DEUDA


El vicepresidente de la Comisión de DDHH de la ONU propone "ocupar y
nacionalizar la banca"

El vicepresidente de la
ONU que quiere "ocupar y nacionalizar la
banca"Jean Ziegler, vicepresidente del consejo consultivo de la Comisión
de DDHH de la ONU. (Reuters)

Confidencial

“Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas
oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a
morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros
deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de
Núremberg”. Con esta aplastante contundencia explica Jean Ziegler,
vicepresidente del Consejo consultivo de Derechos Humanos de la ONU, su
análisis del actual momento histórico.

La dilatada trayectoria diplomática de este profesor emérito en la
Universidad de Ginebra y comprometido analista internacional, que fue
relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación durante ocho
años, impide que le tiemble la voz a la hora de señalar con el dedo
a los ‘culpables’ de la crisis sistémica. “No puede ser
que en un planeta con los recursos agroalimentarios suficientes para
alimentar al doble de la población mundial actual, haya casi una quinta
parte de sus habitantes sufriendo infraalimentación”. En su último
libro Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre (Península), Jean
Ziegler, pone sobre la mesa una serie de cuestiones molestas de las 
que otros diplomáticos ni siquiera se atrevena hablar en los pasillos de la ONU.
Unas críticas irreverentes que ya ventiló en otros trabajos como El hambre en el mundo,                              Los nuevos amos del mundo y aquellos que se le resisten, 
El imperio de la vergüenza o El odio a Occidente. “Hay que multiplicar rápidamente
las fisuras en el muro capitalista para derrumbarlo y crear un nuevo orden mundial más justo”.

Su receta para revertir esta situación es, si cabe, tan radical o más
que su tesis sobre la generación de las desigualdades: “Ocupar
masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes
riquezas robadas por los especuladores financieros”. Una
postura que lo lleva a criticar la incapacidad de movimientos de
la sociedad civil como el 15M en España u Occupy Wall Street en Estados
Unidos. “Reconozco que son símbolos importantes y que han logrado la
simpatía de la sociedad, pero todavía son insuficientes para quebrar la
actual relación de fuerzas si no desembocan en una huelga general. Hay
que darse cuenta de que en el orden mundial reina una violencia
estructural que se debe combatir con una contraviolencia basada en la
resistencia pacífica”.

La migración de los grandes fondos especulativos a los mercados de
materias primas, principalmente de la agroalimentación, la cual creció
exponencialmente en el trienio 2005-2008 como explica Ziegler en su
último libro, “es el origen de esta crisis genocida porque han
disparado el precio de los alimentos básicos”. A pesar de la
‘destrucción masiva’ conceptualizada por Ziegler, el diplomático
exhibe su característico optimismo de luchador a contracorriente y
asegura que esta situación creará la conciencia social necesaria para
“multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista, que
acabarán derrumbándolo y creando un nuevo orden mundial”.

La insurrección será por el hambre o no será

El primer paso, explica, es darse cuenta de que “los criminales
financieros son el enemigo común de los europeos, de los africanos y del
resto de la población que sufre de hambre y desempleo en el mundo. Unos
oligarcas que monopolizan los beneficios y privatizan los servicios y
recursos”. Para Ziegler, esta toma de conciencia será el advenimiento
de una nueva forma de solidaridad internacional entre todos los pueblos,
que posteriormente se transformará en un “frente de resistencia
intercontinental”. La lucha de clases es absolutamente inevitable porque
no se puede mantener el sufrimiento de forma permanente.

Un convencimiento “total”, pero que se transforma en duda cuando se le
pregunta por los riesgos y los pilares sobre los que se fundará este
alzamiento popular. “Es un misterio, no puedo hablar de la revolución
porque se trata de la libertad liberada en las personas y los procesos
revolucionarios son imposibles de prevenir porque tienen sus propias leyes
y no son conocidas”.

Lo que sí tiene claro Ziegler es que la insurrección, como ha ocurrido
en la mayoría de estos procesos a lo largo de la historia, se producirá
por el hambre. “La hambruna ya es una realidad en las banlieues
parisinas y el pueblo español también está sufriendo la pobreza, como
el resto de Europa”. En este contexto, indica, la lucha de clases es
“absolutamente inevitable porque las oligarquías capitalistas no serán
capaces de reeditar el genocidio americano de los indios, ya que es
imposible matar a todo un país como España y hacerle aceptar
permanentemente las cadenas”.

“España no debería pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima”

Las “cadenas” a las que retóricamente se refiere este diplomático de
la ONU estarían impuestas por las políticas económicas de la
austeridad, que califica como “absurdas y destructoras”. Los teóricos
del neoliberalismo, añade, “nos han hecho creer que hoy en día la
austeridad es la única política posible, pero sólo se aplica a la clase
trabajadora y nunca a los banqueros. Estas políticas tienen un límite
objetivo y no van a resolver los problemas”. Hollande y Obama deben
formar una alianza en favor de las políticas económicas del crecimiento

En contraposición a estas recetas neoliberales, Ziegler defiende unas
políticas centradas en el crecimiento. Esta es la única esperanza que
deposita en los representantes políticos, aunque matiza que de forma
“extremadamente leve”. Sus protagonistas no podrían ser otros que
François Hollande y Barack Obama. “Ambos deben formar una alianza por
el crecimiento basada en la inversión pública, el incremento del salario
mínimo, las prestaciones sociales, la búsqueda del pleno empleo y la
lucha contra la desindustrialización”.

Para el vicepresidente del consejo consultivo de Derechos Humanos de la
ONU estas políticas no son la solución final si no van acompañadas de
un despertar de la sociedad civil y, sobre todo, del impago de la deuda.
“Los dirigentes españoles deben hacer lo mismo que ha hecho Rafael
Correa en Ecuador, es decir, negarse a pagar la deuda, cuya amortización
ya es altísima, porque es odiosa e ilegítima. Esto es, se ha creado, en
gran parte, por la delincuencia financiera y la corrupción política, sin
materializarse en inversiones reales”.

Una perspectiva que lo lleva incluso a cometer el atrevimiento de
recomendar a los españoles  que objeten en la declaración de la renta al
porcentaje del gasto dedicado a la deuda pública. Una campaña lanzada
desde el 15M que califica de “necesaria, inteligente y eficaz”. Todos
estos elementos en su conjunto, unidos a la inflación, podrán acabar con
las “deudas injustas”.

Refundar la ONU para instaurar un nuevo orden mundial

La Organización de las Naciones Unidas debe tener un papel central en el
futuro escenario mundial. Como explica Ziegler, la ONU se fundó con el
objetivo principal de defender el interés general de los pueblos y
promulgar los principios recogidos en la Carta de los Derechos Humanos.
Sin embargo, “los mercenarios han pervertido su papel y destruido su
credibilidad moral”. Entre ellos, no duda en señalar al exsecretario
general Ban Ki-Moon o al presidente del consejo de selección de los
relatores, el hondureño Roberto Flores, “quien apoyó el golpe de
Estado en su país en 2009” . Los mercenarios han pervertido el papel de
la ONU y destruido su credibilidad moral.

Para Ziegler, la refundación de esta organización pasa por imprimirle
“mucha más democracia” eliminando el poder de veto de las naciones
integrantes del Consejo de Seguridad, limpiándola de “golpistas” y
eliminando las prebendas del FMI y el BM. El neoliberalismo delictivo,
concluye el diplomático, debe acabarse ya.