viernes, 5 de octubre de 2012
miércoles, 3 de octubre de 2012
PP: ¿Prohibido Protestar?
En estos momentos, el gobierno está preparando una nueva ley que podría convertirnos a todos en criminales de la noche a la mañana. Solo un clamor ciudadano sin precedentes puede frenar este ataque al corazón de nuestra democracia.
Mientras el ejército de corruptos e ineptos que nos ha llevado a la ruina sigue campando a sus anchas, manifestantes pacíficos que se rebelan contra los abusos y la injusticia sufren el acoso y la brutalidad policial. Para colmo, temeroso de la avalancha de protestas y con la excusa de combatir algunas acciones violentas aisladas, el gobierno está ahora impulsando una reforma legal que podría incluso criminalizar la convocatoria o mera difusión de sentadas pacíficas frente a edificios gubernamentales y otras acciones no violentas que, en opinión de las autoridades, alterasen el orden público.
Durante el último año y medio, millones de ciudadanos se han manifestado pacíficamente en todo el país contra la corrupción, el fraude fiscal, las estafas bancarias, y las mentiras de los líderes políticos que están despedazando nuestros derechos y servicios públicos. Pero en lugar de actuar contra los culpables, el gobierno busca silenciar a los que les señalan con el dedo.
El borrador de anteproyecto de ley al que AVAAZ ha tenido acceso confirma que el gobierno busca darle otra vuelta de tuerca a la ciudadanía. Es especialmente alarmante la posible modificación del artículo 559 del Código Penal, que podría suponer penas de prisión para la convocatoria o difusión a través de email, facebook o twitter de una sentada no violenta o una "performance" humorística contra la corrupción o el fraude, si las autoridades considerasen que se habían producido desórdenes públicos, como cortes de tráfico.
Más allá de posicionamientos partidistas, nos encontramos ante una peligrosa amenaza contra el libre ejercicio de nuestros derechos. Destacadas asociaciones de jueces y abogados han criticado la desproporcionalidad de estos castigos y la inseguridad jurídica que crearía para los ciudadanos en general y para organizaciones de campañas como Avaaz.
Ahora, el anteproyecto de ley se encuentra en fase de preparación, y una enorme protesta pública podría arrojar luz sobre esta descabellada reforma legislativa y forzar a los líderes del PP a retirarla antes de su tramitación parlamentaria.
Firma la petición y compártela con todos tus amigos:
http://www.avaaz.org/es/protestar_no_es_criminal_10/?bsIaIab&v=18330
martes, 2 de octubre de 2012
¿Somos realmente Inteligentes?
La verdadera inteligencia solo puede ser conocida a través del amor. Hay personas que han desarrollado una enorme capacidad intelectual, lógica y racional, pero eso no tiene nada que ver con la verdadera inteligencia. Tenemos que comprender la enorme diferencia entre “capacidad intelectual” e inteligencia.
La “capacidad intelectual” nace de la mente, cuida intereses egoístas, es estructurada y por lo tanto divide. La Inteligencia nace del amor, cuida el interés común, fluye en la espontaneidad y por lo tanto unifica. Si observas, hoy se denomina inteligente a quien posee rapidez intelectual, gran capacidad de memoria, astucia para producir, habilidad para negociar, creatividad particular, largos estudios, etc. Pero… ¿Son dichos atributos una prueba veraz de inteligencia? Ninguno de esos atributos te torna verdaderamente inteligente. Existen casos de personas humildes, sin estudios y hasta con analfabetismo que han sabido desarrollar grandes aspectos de la inteligencia.
Si realmente somos tan inteligentes… ¿Por qué no podemos salir del sufrimiento? Con tanta “inteligencia” en el mundo… ¿Por qué la ambición de algunos significa la muerte de otros? ¿Por qué nos auto-destruimos como humanidad? ¿Por qué depredamos nuestro planeta? ¿Por qué nos seguimos dividiendo y lastimando? Siento profundamente que tenemos que replantear dicho concepto.
¿En qué consiste la verdadera inteligencia?
Artículo completo en:
13/09/2012 by Sivael ©
visto en:http://vidaconsciente.wordpress.com/
viernes, 28 de septiembre de 2012
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
La plataforma formada por los sindicatos del sector publico propone ahorrar más de 60.000 millones con medidas que no suponen empeorar los servicios públicos ni las condiciones laborales de sus trabajadores.
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CSI·F informa:
La plataforma unitaria de sindicatos del sector público, del que forma parte CSI·F como sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha elaborado un manifiesto donde explica la importante labor que realizan los empleados públicos y plantea una serie de medidas que permiten ahorrar más de 60.000 millones sin empeorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores.
"La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos", pero "estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.
"La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos", pero "estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Como señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados públicos estamos convencidos de que la
crisis económica en la que España está sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de
manera deficiente por los sucesivos responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en
el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los
empleados públicos, y viene acompañada de una campaña de descrédito de la labor que realizan en
todos los ámbitos de la administración.
Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los
colectivos de la función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios
que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad las decisiones
políticas y legislativas. Cuestionar el papel de los empleados públicos desacredita a servicios
públicos esenciales para la sociedad como los que se realizan en la educación, la sanidad, la
seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2. Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal
cualificado. Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo después de
demostrar ampliamente su cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3. Los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio insustituible como garantes de la
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los
lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una
sencilla cuestión de rentabilidad económica.
4. La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la
independencia del empleado público ante la ejecución de las diversas políticas y asegura la
calidad y permanencia de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que
excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los
principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema
tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público,
que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni
afectar negativamente a los empleados públicos.Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la
contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en que se
encuentra, y observando que no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se
centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando a la
solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:
La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha
contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la
AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores
con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los
países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de
38.500 millones de euros.
La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las
grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de
cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también
el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones
adicionales.
La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las
transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno
a los cinco mil millones de euros en España.
La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las
vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para
2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro en
el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para
establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su
capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones
anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a hacer
recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a nuestro país a la situación de déficit,
paro y deuda pública en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben
las declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a través de sus empleados públicos
ni sobre el rendimiento profesional de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y
no aportar soluciones.
Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes de este manifiesto, conscientes de
que no se puede devaluar la importancia de la función pública ni del servicio que presta al conjunto de
los ciudadanos, exigimos a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los
empleados y servicios públicos.
lunes, 24 de septiembre de 2012
La razón de la enfermedad de España
El diagnóstico de Alemania: “La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción”
Reunión de presidentes autonómicos.
Stefanie Claudia Müller.-El 6 de septiembre se encontraron en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde hablaron sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas. España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas.
Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado. Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.
Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país.
Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad. Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE?
Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas. Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar.
Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales. La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna.
En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia. Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal. El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España.
En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se está gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada. Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Corresponsal alemana en Madrid y economista.
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