La transnacional presentó una demanda penal contra integrantes de organizaciones y movimientos sociales en 2005. La decisión del Tribunal de Justicia (TJ) demuestra el reconocimiento de la legitimidad de los sujetos colectivos de derechos a través del proceso de democratización de la sociedad brasileña.
La transnacional Monsanto está en más de 80 países, domina aproximadamente el 80% del mercado mundial de semillas transgénicas y agroquímicos. En diferentes continentes, la compañía acumula acusaciones por violaciones de derechos, por omisión de información sobre el proceso de producción de venenos, exigencia indebida de royalities, y la imposición de un modelo de agricultura basado en monocultivos, la degradación ambiental y el uso de agroquímicos.
En Brasil, la invasión de las semillas genéticamente modificadas comenzó hace una década, con mucha resistencia por parte de los movimientos sociales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. En Paraná, la compañía Monsanto utilizó la vía de la criminalización de los militantes como una forma de responder a los que se oponían a los transgénicos..
El pasado jueves (23), los jueces (desembargadores) del Tribunal de Justicia (TJ) absolvieron por unanimidad a cinco militantes acusados injustamente por Monsanto de ser mentores y autores de presuntos delitos ocurridos en 2003.
La transnacional entró como asistente de acusación, en la acción penal, en respuesta a la manifestación de 600 participantes de la 2 ª Jornada de Agroecología en la estación experimental de la empresa, en Ponta Grossa, para denunciar y protestar contra la entrada de semillas transgénicas en el estado, las investigaciones ilegales y otros delitos ambientales cometidos por la empresa.
Fueron acusados Celio Leandro Rodrigues y Roberto Baggio, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST, José María Tardim, en la época integrante de la AS-PTA – Agricultura Familiar y Agroecología, Darci Frigo, de la Tierra de Derechos, y Joaquim Eduardo Madruga (Joka), fotógrafo vinculado a los movimientos sociales.
En una clara señal de criminalización, la transnacional atribuyó a la manifestación, realizada por más de 600 personas, como responsabilidad de apenas cinco personas, utilizando como argumento la relación genérica de los acusados con los movimientos sociales.
Por el contrario, la decisión del Tribunal de Justicia demuestra el reconocimiento de legitimidad de los sujetos colectivos de derechos en la sociedad brasileña. Según José María Tardim, coordinador de la Escuela Latinoamericana de Agroecología y de la Jornada de agroecología de Paraná, el acto en la sede de Monsanto en 2003 y posterior ocupación permanente del área llamó la atención a nivel nacional e internacional sobre la ilegalidad de las investigaciones con transgénicos.
En los años posteriores a las denuncias, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) y el equipo técnico vinculado con el gobierno del estado, realizaron estudios detallados de los procedimientos de la transnacional. Confirmando ilegalidades que violaban la legislación de bioseguridad vigentes.
La zona fue ocupada por trabajadores sin tierra durante un año aproximadamente. En este período, los campesinos organizaron el Centro Chico Mendes de Agroecología y cultivan semillas criollas cultivadas. Para Tardim, la agroecología es el “camino de la reconstrucción ecológica de la agricultura, combatiendo políticamente el modelo del agronegócio y del latifundio.”
Criminalización
La denuncia de Monsanto se fundamentó apenas en artículos de prensa, sin ninguna otra prueba. Así, con otras acciones jurídicas que utilizan la misma lógica, el proceso se basa en la criminalización de los miembros de los movimientos sociales en situaciones de manifestación.
La compañía participó como asistente privado en el proceso, lo que ocurre produce excepcionalmente en procesos penales, ya que el Ministerio Público entro como titular. “Este caso presenta un serio riesgo cuando las grandes empresas comenzaron a tomar el papel del Estado.
Ellas desequilibran la situación por el peso económico y político que ejercen sobre los agentes de lo públicos “, dice Darci Frigo, coordinador de Tierra de Derechos, considerando también la influencia de Monsanto sobre el parlamento para la aprobación de leyes en Brasil.
Los trabajadores fueron defendidos por Tierra de Derechos, con el apoyo del profesor Juarez Cirino dos Santos. El Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos se pronunció a lo largo del proceso contra la criminalización de los militantes. Por otra parte, Monsanto contrató al despacho del profesor René Dotti para hacer la acusación.
El Mundo contra Monsanto
Más de 50 países se adhirieron a la “Marcha contra Monsanto” el pasado sábado (25), en protesta contra la manipulación genética y el monopolio multinacional de la agricultura y la biotecnología. La campaña en contra de la compañía tuvo como detónate el suicidio de agricultores indios, que se endeudan después de haber sido forzada por el mercado a entrar en la lógica de producción del agronegócio, convirtiéndose, años más tarde, rehenes de las semillas genéticamente modificas, agroquímicos y otros insumos vinculados esta lógica productiva.
Con sede en el estado de Missouri (EE.UU), Monsanto despunta como líder en el mercado de semillas y denunciada en esta marcha por no tener en cuenta los costos sociales y ambientales asociados a su actuación, además de ser acusada de biopiratería y manipulación de datos científicos a favor de los transgénicos.
La compañía es líder mundial en la producción de agroquímicos, glifosato, vendido bajo la marca Roundup. Brasil es el segundo mayor consumidor de los productos de la Compañía, quedando atrás de la matriz americana. El beneficio de la filial brasileña en 2012 fue de R 3,4 Billones de reales
Syngenta
En Paraná, la transnacional Syngenta también fue denunciada por los movimientos sociales por llevar a cabo experiencias y siembra ilegal de cultivos transgénicos en el municipio de Santa Tereza do Oeste, en el área de amortiguación del Parque Nacional de Iguazú. Durante la ocupación del área, los guardias de seguridad contratados por la empresa asesinaron a un trabajador rural sin tierra. Seis años después, el caso sigue impune.
El IBAMA impuso una multa de un millón de reales a la empresa por la realización de experimentos ilegales con transgénicos en la zona, sin embargo, el importe no ha sido pagado. La lucha de los movimientos sociales dio lugar a la expropiación de la zona para la creación del Centro de Agroecología, que lleva el nombre del militante asesinado, Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno.
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