Amnistía fiscal, una medida de resignación

Diana Ferrer, profesora de la Facultad de Derecho ESADE
No creo que haya debate en considerar la amnistía fiscal como éticamente reprochable. A nadie se le escapa la lectura más obvia que supone una medida como ésta; mientras los obedientes contribuyentes no únicamente satisfacen sus obligaciones tributarias sino que también asumen estoicamente las subidas de impuestos, los defraudadores tienen la oportunidad de repatriar los fondos evadidos a un tipo impositivo del 10%, tipo muy inferior al máximo de gravamen.
Pero estas reflexiones, como digo, no son nada novedosas, pues probablemente estarán compartidas por la mayoría de la sociedad, inclusive los propulsores de esta medida. Sin embargo, hasta las decisiones más inverosímiles deben contextualizarse en el momento en que toman. A mi entender dos eran las medidas cortoplacistas que sospesaba el Gobierno; una subida del tipo impositivo del IVA o una amnistía fiscal. La pretensión de cualquiera de estas dos medidas es una inyección rápida de liquidez que aumenten las tan malmetidas arcas del Estado. A su vez, este aumento de recaudación va acompañado de una racionalización del gasto público. ¿Qué medida era la menos costosa políticamente? ¿Y la más efectiva? Hablar en términos de efectividad ante una amnistía fiscal es delicado, pues depende de cómo se instrumente y siempre tiene un alto ingrediente de incertidumbre. De todas formas, tengo claro que aprobar una medida de este tipo tiene un altísimo coste político, y más si cabe cuando la mayoría de los españoles ya se habían resignado a una subida del IVA. En cualquier caso, no se trata de colores políticos, sino que responde exclusivamente al momento en el que se toman estas medidas, pues recordemos que hubo dos amnistías anteriores aprobadas por gobiernos socialistas.Considero acertada la aprobación de la amnistía fiscal, aunque con matices en cuanto a su instrumentalización. Hay una afirmación que es cierta se mire desde donde se mire: el dinero de contribuyentes españoles que está remansado en paraísos fiscales (según la OCDE 200.000 millones) es dinero perdido e irrecuperable, el cual únicamente tiene alguna opción de volver al circuito legal si se aprueba una medida de este tipo. De manera que, perdido por perdido, ¿no es mejor intentar que este dinero aflore de manera legal, aunque sea pagando menos? Nadie pone en duda que este dinero proviene de españoles que optaron por no pagar impuestos y defraudar a Hacienda y, aunque duele ver que su fraude ha salido barato, es bien cierto que únicamente con este “perdón fiscal” lograremos quizás un tímido retorno de ese dinero sin que ello afecte para nada al resto de contribuyentes, que no verán reducida su capacidad de consumo, pues de momento el IVA no sube.Ahora bien, ¿se ha instrumentalizado correctamente esta amnistía fiscal? A mi entender tendría más probabilidades de éxito si se hubiese fijado un tipo progresivo el cual fuese disminuyendo a medida que se acerca la finalización del período de prescripción de la deuda tributaria. Es decir, ¿tendrá el mismo interés en regularizar su situación un contribuyente cuya deuda prescribe en dos meses que aquél cuya deuda prescribe en tres años? Muy posiblemente el primer contribuyente no le interesará pagar un 10% si sabe que en breve su obligación tributaria estará prescrita. Además, debe tenerse en cuenta que a ese 10% deberá sumarse el tipo impositivo del Impuesto sobre el Patrimonio, que en su tipo máximo asciende al 2.5%; lo que supone un coste de regularización del 12,5% efectivo. En resumen, quizás una progresión en los tipos impositivos lograría un incentivo extra para la regularización.Por último añadir que, y aún pareciendo esta afirmación una ironía, este medida debería ir acompañada, como así parece, de un incremento de presión en la lucha contra el fraude fiscal para evitar precisamente la toma de decisiones como ésta. Y es que el sufrimiento de las arcas del estado disminuiría si logra evitarse la fuga de capitales.
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